Déficit de médicos

La escasez de médicos es ya una amenaza real para el derecho a la salud de los ciudadanos, hasta el punto de que el ministro de Sanidad propone un plan de choque para paliar el problema que representa esta falta de profesionales cualificados. Se necesitan ahora 25.000 médicos, puesto que cuatro de cada diez especialistas del Sistema Nacional de Salud se jubilarán en los próximos quince años. Sin embargo, el Gobierno es incapaz, una vez más, de ofrecer una respuesta coherente. De hecho, Bernat Soria pone el asunto en manos de la ministra de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia, ya que pretende la habilitación de más plazas de las previstas en las facultades de Medicina para el curso próximo. Lo que no dice el titular de Sanidad es que hace tiempo que la Comunidad de Madrid propuso la creación de nuevas facultades sin obtener una respuesta positiva.
Es muy llamativo que, mientras muchos licenciados españoles emigran en busca de mejores salarios y más expectativas de formación, los médicos extranjeros logran con relativa facilidad la homologación de sus títulos de origen, con un promedio superior a los 3.600 expedientes al año. Bernat Soria afirma que resulta difícil entender la exigencia de 9.1 de media para acceder a la carrera en España, mientras que para ejercer en nuestro país se aceptan estudios realizados con menos controles. Es cierto, sin duda, pero el ministro no puede hablar como si fuera ajeno al asunto, ya que la responsabilidad solidaria del Ejecutivo le obliga a buscar soluciones junto con su colega de Educación y, en caso de discrepancia, tendría que intervenir el propio presidente del Gobierno. Existe un desfase evidente entre la oferta universitaria y la demanda social que se traduce en un grave perjuicio ciudadano.
Los poderes públicos tienen la obligación de planificar de forma razonable y no cabe aceptar que los ministros se pasen la pelota unos a otros. Las competencias autonómicas en materia de Sanidad exigen también una coordinación adecuada para evitar la rigidez de un mercado laboral que dificulta el desplazamiento de profesionales entre unas y otras comunidades. Lógicamente, la salud es una preocupación prioritaria para la sociedad, y resulta inadmisible que existan recelos entre departamentos o disputas competenciales entre administraciones con grave daño para el interés general. Por eso, hay que exigir medidas concretas e inmediatas más allá de la retórica para eludir responsabilidades y evitar proyectos sin contenido efectivo.